Esta sentencia significa una gran derrota al gigante minero, pues la paralización inmediata de estos trabajos de expansión y la penalización diaria de 25.000 dólares si es que hubiera algún incumplimiento, señalan que la protección a favor de la Amazonía son decisiones políticas del gobierno de Dilma Rousseff.
El problema de esta construcción es que el hogar de los indígenas Awás se encuentran junto a la línea de ferrocarril ya existente, por la que trenes de 2 km de longitud transportan el mineral de la mina de hierro más grande del mundo. Frente a esta situación, los pueblos se han pronunciado en contra de toda expansión pues constituye una grave amenaza a la supervivencia de los pueblos indígenas y de los pueblos autónomos (aislados) que habitan esta zona.
El veredicto condenatorio del juez sobre los estudios de impacto medioambiental y social es contundente y califica las consultas públicas que ejecutó la empresa como ineficiente y advirtió que la minera ha corrido el riesgo de provocar una degradación medioambiental extremadamente grave.
Por su parte, el departamento de asuntos indígenas del Gobierno brasileño, Funai, ha acordado situar el caso de los Awás como su máxima prioridad, y diputados británicos han llamado la atención sobre esta situación en el Reino Unido.