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¡INDIGNACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS FRENTE A LA MEGA CORRUPCIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO Y APROBACIÓN DEL PAQUETE DE DECRETOS LEGISLATIVOS SIN CONSULTA PREVIA!


El fantasma de la corrupción vuelve a reaparecer en el Perú, con la transnacional brasilera ODEBRECHT, amenaza con traerse a toda la clase política, habida cuenta, los ex-presidentes Fujimori, Toledo, García y Toledo, están seriamente comprometidos, por el sistemático modus operandis de coimas, para la obtención de concesiones de gigantescas obras de infraestructura, como es el caso de IIRSA Norte e IIRSA Sur, Gaseoducto del Sur, entre otras mega inversiones con la plata de todos los peruanos y peruanas. Situación en un país como el Perú con una precariedad institucional que no deja de indignarnos a diario, con cada nueva revelación por el Caso Odebrecht (y otros), que involucra a toda la élite política, donde además de los gobernantes antes mencionados también aparecen involucrados estudios de abogados al servicio de esta empresa, así como también, medios de prensa subordinados y mermeleros carcomidos por esta lacra.

No resulta difícil creer que estas mismas “coimas” y arreglos institucionales a la medida de los “ejecutores” se haya dado en la adjudicación de lotes petroleros, gasíferos, construcciones viales, atentando derechos de los pueblos indígenas, el fisco, la destrucción de la naturaleza y la moral institucional. Por lo que se exige una revisión e investigación a todas estas adjudicaciones.

 Amazonia Peruana Patrimonio Universal de la Humanidad, escenario de explotación de Recursos naturales e infraestructura

  1. La Amazonía Declarada por la UNESCO PATRIMONIO UNIVERSAL DE LA HUMANIDAD, pero en el Perú, continúa siendo un “patrimonio” de la industria extractivista a ciegas que usufructúan los recursos naturales, mientras que los pueblos originarios que la habitamos desde tiempos inmemoriales, no solamente somos discriminados, violados en nuestros derechos e invadidos nuestros territorios; sino, también excluidos de todos los beneficios.
  2. La Amazonía peruana está entrando en un nuevo ciclo de explotación desenfrenada de sus recursos, tal como se dieron en su momento en los casos del caucho y las pieles. Los diferentes gobiernos de turno al concesionar (privatizar) la extracción de los recursos naturales, nunca toman en cuenta las consecuencias sociales, ni ambientales, y las económicas son vistas apenas desde el ángulo de la ganancia privada. La diferencia, esta vez, es que los recursos que están en la mira de los inversionistas son todos al mismo tiempo: petróleo, gas, minería, forestal, agroindustria; razón por la cual, van acompañados de propuestas de construcción de mega proyectos de infraestructuras física, que por su número e importancia no tienen precedente histórico.
  1. En efecto, entre estos megos proyectos destacan 52 proyectos de generación de energía hidroeléctrica en la cuenca amazónica, 26 de los cuales están propiamente en la Selva, incluidos los más grandes, como los previstos en las cuencas de los ríos Marañón, Ene e Inambari.
  2. La explotación de hidrocarburos, que desde 1974 del Siglo 20, asoló principalmente el norte de Loreto, se expande ahora a más del 70% de la Selva, situación que tiende aumentar. Existen 7 lotes petroleros con contratos de explotación activos. La minería abarca más de 10 millones de hectáreas de bosques de la cuenca amazónica en forma de derechos adquiridos y la que se desarrolla propiamente en la Selva ya es importante en Amazonas y San Martín. De otra parte, la explotación aurífera informal reviste características trágicas en términos sociales y ambientales en Madre de Dios, y amenaza con expandirse.
  3. Las carreteras son una pieza esencial en este modelo de extractivista-primario exportador, pues de ellas depende la viabilidad de explotación de la mayor parte de los recursos naturales. Existen, oficialmente, casi 8,000 km construidos, pero, considerando los caminos vecinales y los que son iniciativas particulares, existe mucho más que eso. El gobierno nacional prevé la construcción de 880 km adicionales, el asfaltado de 2,089 km y la mejoría de otros 1,517 km, sin incluir en estas sumas las carreteras interoceánicas Sur y Norte. La presión para la construcción de una carretera en Purús, constituye una serie amenaza a los pueblos en situación de Aislamiento Voluntario, como al Parque Nacional Alto Purús.
  4. Este tipo de políticas es la causa del agravamiento de los desastres ambientales y sociales de la crisis y agresión climática global en la Amazonía. Por ello los PP. II. afirmamos que sin selvas no hay pueblos ni culturas, y sin Pueblos tampoco hay Amazonía. El estado tiene la responsabilidad de cumplir su función de Tutor Social de la sociedad, en este sentido, garantizar y proteger los derechos colectivos indígenas y ciudadanos, frente a los negocios extractivistas y desarrollistas. Pero no es así.
  5. Hace tiempo que el Estado ha sido privatizado también, y sus tecnócratas son socios y empleados de los grupos empresariales. Por eso la fiscalización ambiental es un chiste y el canon es un desastre. A la vez, la economía indígena es maltratada o ninguneada por esa alianza estatal-empresarial. Nos siguen viendo como “objetos” de “asistencia social”, o abastecedores de materia prima para los grandes negociantes, pero nunca como actores y protagonistas centrales del destino de la Amazonía. 
  6. A la vez, aprieta la presión económica sobre nuestras familias, en especial la juventud, y sus expectativas de estudio, trabajo y progreso. Surge la demanda de las comunidades, de no solo luchar por derechos, sino de afrontar el desafío de la economía indígena en la vida diaria, situación que debe ser revertida antes que el ciclo perverso del abandono, las necesidades y el racismo, debiliten el espíritu, la cosmovisión y el proyecto histórico de nuestros pueblos. 
  7. Cuando se revisan las implicaciones ambientales y sociales de cada proyecto, los que corresponden a cada sector y, todos ellos en su conjunto, la magnitud y gravedad de los impactos ambientales y sociales que son previsibles e inmensos. Estas inversiones a gran escala, significarán gigantescas ganancias económicas para la industria extractivista, quedando fuera los pueblos indígenas de toda posibilidad de beneficio.

 

Paquetazo de Decretos Legislativos aprobados por el Gobierno de PPK amenazan la vida de nuestros pueblos

  1. Estas encrucijadas fueron debatidas en nuestro Consejo de Coordinación Ampliado, realizado el 24 de enero del presente año, donde se tomaron acuerdos, que constituyen mandatos, que el Consejo Directivo Nacional, está llevando a cabo, en este marco estamos impulsando una serie de estrategias para  afrontarlas; tales como el proceso de elaboración de Planes de Vida Plena regionales, provinciales y comunales de los pueblos amazónicos, y difundirlos a todo nivel, haciendo incidencia publica a fin  lograr la adhesión de la opinión pública, la necesaria voluntad política de las autoridades gubernamentales para su atención  y la prioridad de su financiación, por parte del presupuesto público, y también, con los aportes obligatorios que deben dar las industrias extractivas amazónicas. 
  2. En este contexto, mediante Ley N° 30506, el Congreso de la Republica otorgó facultades legislativas al Poder Ejecutivo para legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de PETROPERU. AFIRMAMOS CLARAMENTE QUE, LOS D.L. 125-1251-1333, NINGUNO HA SIDO MATERIA DE CONSULTA PREVIA.
  3. Ciertamente expresamos nuestra preocupación por cuanto luego de los dramáticos sucesos de Bagua, ocurridos en junio del 2009, donde hermanos peruanos entre policías y nativos perdieron la vida, por la necedad y soberbia del ex-presidente Alan García, quien trató a los pueblos indígenas como “ciudadanos de segunda categoría “, y como “perros del hortelano”. La premura del gobierno por dinamizar la economía a como dé lugar y la cantidad de normas promulgadas que atentan contra los derechos de las comunidades en este último lustro, sumados a la indefinición física y legal de la situación de las tierras de comunidades, evidencian una nueva forma de despojo y vulneración de  los derechos a la tierra y el territorio de las miles de comunidades campesinas y comunidades nativas que existen en el país, así como la posibilidad de generar nuevos conflictos por la tierra.
  4. Creemos que todos los peruanos estamos en la obligación de aprender las lecciones que nos da la historia. Más todavía las autoridades del Gobierno Central, que tiene la responsabilidad de gobernar en favor de todos los peruanos y peruanas. Por ello exhortamos al Estado peruano, principalmente al Congreso de la Republica, ejercer el control político que le corresponde, revisando cuidadosamente los Decretos Legislativos, como también de la legislación vigente, nacional e internacional, relativa a las comunidades campesinas y comunidades nativas, y observar el pleno respeto a sus derechos.
  5. Del mismo modo, los llamamos a cumplir con su obligación de titular el resto de comunidades y de cumplir con la georreferenciación de los linderos de todas las comunidades para luego crear un catastro moderno de la propiedad rural. la consulta debe darse a través de procedimientos apropiados e instituciones representativas indígenas
  6. Los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas, son Derechos Humanos Inalienables, Irrenunciables, Imprescriptibles y judicializables, establecidos en el Convenio 169 de la OIT, a ser consultados, así como el poder decidir nuestro propio tipo de desarrollo, y que el Estado está en la obligación de reconocer, respetar, respaldar y financiar (Art.7º C.169), para que se cumpla el principio de “participación de los pueblos de los beneficios” de las inmensas ganancias de las empresas extractivas (art.15º). Principio irrenunciable, por cuanto es evidente que los “canon” extractivistas, no responden a las demandadas y expectativas indígenas, y por esta razón deben ser reestructurados para que esas compensaciones lleguen efectivamente a las comunidades y no se queden en las intermediaciones burocráticas. Y no sean fuentes de corrupción.
  7. Se ha dicho siempre que los pueblos indígenas somos opuestos al desarrollo, en realidad esta afirmación constituye un prejuicio racista que ha servido de coartada para desconocer nuestros derechos y sobre todo NUESTRA CAPACIDAD DE SER PORTADORES DE UNA COSMOVISION DEL VIDA Y EL MUNDO, ALTERNATIVA la sesgada visión occidental neoliberal del desarrollo, que considera el crecimiento económico sin fin basada en la extracción de los recursos naturales no renovables, cuyas consecuencias son el cambio climático y el calentamiento global, que han puesto en serio riesgo la continuidad del planeta, la Pachamama, nuestra Madre Tierra, que también tiene derechos que deben ser reconocidos y respetados.
  8. Con estos propósitos, AIDESEP, da a conocer a las autoridades gubernamentales y a la opinión pública nacional e internacional los ejes programáticos de PLAN AMAZONICO DE VIDA PLENA:
  • Saneamiento, Consolidación y Seguridad Territorial (estimado de 1,809 comunidades)
  • Producción Agroforestal, Acuícola y bio-industrial
  • Manejo de Bosques y Funciones ecosistémicas
  • Educación y Salud Interculturales
  • Monitoreo y Mitigación Socio Ambiental
  • Promoción de mujeres indígenas
  • Derechos colectivos y ciudadanos indígenas
  • Solución a los conflictos y pasivos ambientales
  • Comunicaciones e incidencia en políticas públicas
  • Empoderamiento de capacidades acorde a la realidad y visión indígena
  1. Los acuerdos o convenios que se suscriban para implementar acciones previstas en el Plan Amazónico Nacional y Regional de Vida Plena, se realizan bajo condiciones bien precisas, tales como: el pleno respaldo de AIDESEP a las decisiones de comunidades que no aceptan el ingreso de empresas ó proyectos extractivistas o desarrollistas, así como también que dichos acuerdos, no pueden recortar o sustituir los convenios específicos del estado y empresas con algunas comunidades.
  2. Fieles a nuestros principios y leales a nuestros pueblos, manifestamos que: No ha cambiado ni cambiará la defensa firme de AIDESEP de los derechos colectivos y ciudadanos de los pueblos indígenas, frente a los impactos socio ambiental del llamado (mal) desarrollo. A esa línea de principios, añadimos ahora, una propuesta técnica y política de “Plan de Vida Plena” que tiene todo el derecho de ser financiada con fondos públicos y de las ganancias de empresas amazónicas.
  3. No podemos seguir dependiendo de la cooperación y donaciones, como si fuéramos huérfanos, y es justo Llamamos a las comunidades y organizaciones indígenas a no dejarse sorprender ni confundir. A mantener en alto la lucha de siempre por nuestros Derechos, Identidad y Libre determinación. Cualquier acuerdo o convenio, será en función del Plan de Vida Plena ya hecho público, y no puede ni debe ser entendido o tergiversado como retroceso alguno. Al contrario, llamamos a elevar el nivel de nuestras demandas, a no quedarnos en la reivindicación inmediata y pasajera, y a ampliar el Plan Nacional con propuestas adecuadas a la realidad particular y formular Planes Regionales de Vida Plena Amazónica de largo plazo, que deben ser financiados con fondos que no pueden gastar los gobiernos regionales y las ganancias de las empresas que afectan los ecosistemas amazónicos.

 

Dado en la Casa de Gobierno Indígena, a los 16 días de febrero del 2017

Descargar pronunciamiento: http://bit.ly/2lnsRk4

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

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