Alto a la venta de las tierras de las  «Comunidades Campesinas» del  Perú

AIDESEP, 08 de julio de 2008. France Amérique Latine inició una campaña de solidaridad internacional en coordinación con organizaciones y movimientos sociales europeo-latinoamericanos, contra el conjunto de decretos del gobierno peruano y en solidaridad  con la movilización de las instituciones peruanas que llaman al paro nacional del martes 9 de Julio.

En esta iniciativa también participan Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement (CCFD), France Libertés – Fondation Danielle Mitterrand, Centre de Recherche et d'information pour le Développement (CRID), Survival International France, ATTAC-France y Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP)- France.

Y el apoyo de este grupo de instituciones se da inicio después de la promulgación del D.L. 1015, aprobado el 20 de mayo 2008 por el Presidente de la República y que establece que la venta y las inversiones privadas en las tierras de las Comunidades Indígenas y Campesinas de este país pueden ser autorizadas por el voto de una mayoría simple (la mitad de miembros más un voto), de los miembros de las asambleas comunales. Este decreto modifica la ley 26 505 que exigía como requisito el voto del 66.6 % de los miembros calificados de cada comunidad para la venta de tierras comunales.

Son más de siete mil comunidades y centenas de miles de familias de los Andes y de la Amazonía que están amenazadas por esta medida. Que como lo señala la AIDESEP (Asociación Inter-étnica por el Desarrollo de la Selva Peruana) pone en peligro la existencia de la propiedad comunal, y hace correr el riesgo de la desaparición de la comunidad o de una población indígena. Las tierras comunales en el Perú son la base material de la vida de las Comunidades Campesinas, institución ancestral, espacio de identidad social, económica y cultural de los pueblos indígenas, donde la vida se organiza en base a criterios democráticos y de justicia social, y la práctica de antiguas formas de trabajo en común de la tierra (minga, ayni).

Este decreto ley responde a una estrategia del gobierno peruano, que critica el régimen tradicional de administración de las tierras colectivas, las grandes superficies no utilizadas en la Amazonía, asi como las protestas sociales y las reivindicaciones políticas de las ONG, de los movimientos sociales, de los sindicatos, etc. como los obstáculos principales al desarrollo económico y social del Perú. Con este decreto ley pretende acabar con estas «taras» de tiempos pasados para que el Perú entre definitivamente en la modernidad.

El Perú es un país rico en recursos naturales que se sitúan en gran medida en las tierras comunales, se ha convertido en «El Dorado» de las empresas multinacionales. La corrupción de los dirigentes comunales por las empresas toma proporciones alarmantes. Los enfrentamientos entre los comuneros y las empresas son frecuentes. Los primeros denuncian los problemas de contaminación y de salud pública y las ambiciones de monopolio sobre los recursos naturales, la tierra, el agua de parte de las empresas. Este nuevo decreto ley creará una fuerte inestabilidad social, y abrirá la puerta a divisiones internas y conflictos entre campesinos mismos.

Pedimos al gobierno:

-        Proceder a la anulación del Decreto ley 1015.

-        Velar por el respeto de los derechos humanos y sociales y las libertades democráticas de las «Comunidades Campesinas» una de las poblaciones más vulnerables y del pueblo peruano.

-        Modificar profundamente las políticas económicas y el modelo ultra liberal de desarrollo del gobierno, que privilegia las inversiones privadas incapaces de armonizar el crecimiento económico y la justicia social, e incompatibles con la lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible del país. Asi mismo pedimos al gobierno asumir su parte de responsabilidad en los graves problemas ambientales del planeta.

Nos solidarizamos con la Confederación Campesina del Perú (CCP), Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por las Industrias Mineras en el Perú (CONACAMI), la Coordinación Andina de organizaciones Indígenas (CAOI), la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva del Perú (AIDESEP), la Central Única Nacional de Rondas Campesinas  y los numerosos movimientos regionales (Loreto, Madre de Dios, Puno, Cusco, Apurímac, Ancash) y otros que están movilizados para pedir la anulación inmediata del Decreto ley 1015.